Los defensores de Fujimori alegan que la venta de las empresas públicas era inevitable. Que el Estado Peruano se asfixiaba con la carga de estas por ineficientes, burocráticas u obsoletas. Por ello, deshacerse o traspasarlas habría sido uno de los actos más elogiables de Fujimori. ¿Fue así? ¿Acaso era conveniente y necesario rematar las empresas del Estado? ¿No había otra opción?
Otro instrumento de corrupción en la década de los noventa fue la privatización de las empresas públicas, que no respondió a ningún plan de desarrollo para el país. El dinero que se obtuvo de las ventas se utilizó para cubrir el déficit fiscal, el pago de la deuda externa, los negociados de la red de corrupción y el financiamiento de los gastos de la re-reelección.
La realidad es que al analizar el proceso de privatización de Fujimori, encontramos que no todo es tan claro como nos dicen. No toda venta era necesaria o conveniente. Algunas empresas públicas no se justificaban, pero también existían otras rentables y de importancia estratégica que no debieron ser privatizadas.
La historia de las privatizaciones comienza cuando Fujimori decidió respaldarse en el FMI apoyando su objetivo de imponer las políticas neoliberales, entre las que destacaba la privatización de los activos y recursos del Estado, a rajatabla, por las buenas o por las malas. De esta manera, el Estado se deshizo de sus empresas sin orden ni criterio, sin consideraciones por el interés nacional, el bienestar social o la racionalidad económica. Activos de enorme valor estratégico o rentables se remataron sin mayor consideración a precio de regalo. CONTINUA LEYENDO
Editor del Norte
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