EDITOR DEL NORTE

Por Michael Hudson 

La mejor manera de entender la crisis financiera de Europa consiste en observar las distintas propuestas de soluciones. Éstas parecen el sueño de cualquier banquero, una bolsa de regalos que pocos votantes estarían dispuestos a aprobar en un referéndum democrático. Los estrategas bancarios han aprendido a no arriesgarse a someter sus planes a voto democrático, después de que los islandeses rechazaran dos veces en 2010-11 aprobar la capitulación de su gobierno a pagar al Reino Unido y a Holanda a causa de las pérdidas propiciadas por los bancos islandeses deficientemente regulados que operaban en el extranjero. A falta de tal referéndum, las manifestaciones masivas se convirtieron en la única forma que los votantes griegos encontraron para hacer constar su oposición a los 50.000 millones de euros en privatizaciones demandadas por el Banco Central Europeo (BCE) en agosto de 2011.

El problema radica en que Grecia no dispone de líquido para cancelar sus deudas y pagar los cargos por interés. El BCE exige que se vendan los activos públicos (la tierra, el agua y los sistemas de alcantarillado, los puertos y otros activos de dominio público), y también que se realicen recortes en las pensiones y en otros pagos a la población. Es comprensible que el “99% más pobre” esté furioso al ser informado de que el estrato más rico de la población es el gran responsable de los recortes de presupuesto por su ambición acumulativa (sólo en fondos atesorados en bancos suizos se han registrado 45.000 millones de euros). La sola idea de que un asalariado común tenga que financiar las pensiones para compensar las evasiones de impuestos de los ricos (y la ausencia general de impuestos a la riqueza desde el régimen de la junta de coroneles) enfurece comprensiblemente a la población. Que la “troika” del BCE, UE y FMI dicte que no importa cuánto acumulen roben o evadan los ricos, el pago ha de cubrirlo la población en conjunto, no es un posicionamiento político neutro.

Llevar a cabo una política de impuestos democrática restablecería un sistema progresista de impuestos sobre ingresos y propiedades y fomentaría su recaudación, estableciendo penas para los evasores. Desde el siglo XIX, los reformistas demócratas han buscado liberar las economías del derroche, la corrupción y los “ingresos por rentas”. Pero la “troika” del BCE está imponiendo un impuesto regresivo (que sólo puede imponerse cediendo las decisiones políticas del gobierno a un grupo de “tecnócratas” no electos).

Llamar a los gestores de una política tan anti-democrática “tecnócratas” parece un eufemismo cínico con aires científicos con el que designar a los grupos de presión financieros o a los burócratas, a quienes se considera que poseen una visión lo suficientemente estrecha para actuar como necios útiles en nombre de sus espónsores. Su ideología es la misma filosofía de austeridad que impuso el FMI a los deudores del Tercer Mundo desde los años sesenta hasta los ochenta. Reivindicaban la estabilización del balance de pagos mientras introducían mercados libres; estos directivos vendieron sectores de exportación e infraestructuras básicas a los acreedores de crédito nacional. El efecto fue conducir economías regidas por la austeridad a cotas mayores de deuda (de la que se beneficiarían los banqueros y sus oligarquías nacionales). Leer el resto de esta entrada »