Por Francisco Durand
A propósito del nuevo record nacional de 65,000 hectáreas de hoja de coca, que casi alcanza a Colombia, conviene nuevamente elevar la vista y mirar los grandes problemas nacionales. En la entrega anterior, “Megaproyectos: la carreta delante del caballo”, argumentamos que el sistema de inversiones neoliberal ha incentivado a los grandes inversionistas formales sin reconocer en paralelo los derechos de los pueblos afectados ni desarrollar formas efectivas de mediación de conflictos. En este artículo añadimos un factor más en la ecuación de baja gobernabilidad para entender la dificultad de ir a un pacto social debido a la incapacidad operativa del Estado frente a los agentes económicos no formales.
Nos referimos a la informalidad y las economías delictivas, que han crecido también a gran velocidad, fortaleciéndose y ampliando sus radios de acción en todo el país. Así como las autoridades han sido permisivas con los grandes inversionistas extranjeros y los grupos de poder nacionales, han sido igual o más permisivas con las actividades informales y delictivas, que se han desarrollado con gran dinamismo, como es el caso de la minería informal, la falsificación de billetes, el contrabando a gran escala y la producción de cocaína; todas en alza.
Al comparar la relación de las economías no formales con el Estado y la sociedad llegamos a la sorprendente conclusión de que operan con más facilidades y tienen mayor aceptación popular que los megaproyectos formales. En primer lugar, las no formales contribuyen mucho más al empleo, teniendo mayor impacto entre peruanos pobres, operando en zonas más amplias del territorio nacional e invirtiendo más en las economías locales y regionales. En segundo lugar, para operar no requieren de lobistas o abogados de grandes estudios, ni de capturar el MEF en acuerdos de aposentos, sino principalmente de coima, con lo cual se ganan rápidamente la lealtad de las autoridades coludidas con ellos. Si estos pagos representan el 10% de sus costos y mueven $4,000 millones al año, quiere decir que para operar con impunidad las coimas pueden llegar a aceitar manos por $400 millones. Este simple cálculo, probablemente subestimado, indica la capacidad de erosión institucional que tienen y explica el inmovilismo de las autoridades, sean nacionales, regionales o locales.
Curiosamente, dichas economías no generan conflictos sociales sobre salarios, contaminación o rentas por estar los trabajadores subyugados a los empresarios informales y lumpen y por su mejor inserción social. Solo se defienden cuando no las dejan operar –caso de la minería informal, que da empleo a 250,000 personas-, es decir, el Estado central de pronto reacciona cuando se siente desbordado o la opinión pública le exige que actúe.
Concluimos que la situación del Estado frente a los agentes económicos y sociales principales de la sociedad es precaria. Desde el punto de vista de la capacidad para ejercer autoridad y defender el interés social y nacional, estamos en problemas por tener un Estado cascarón, poroso, fácilmente penetrable por intereses económicos de todo tipo (formales, informales, delictivos), mayormente inefectivo en lo social y débil en la administración de justicia.
En suma, enfrentamos un panorama institucional en problemas por no haberse discutido los requisitos de un pacto social cuando se desató la ola de inversiones, y por no haberse reformado el Estado como para operar con autoridad y capacidades de gestión a medida que se generaban o desarrollaban estas nuevas economías. Esa es la mayor falla de la clase política nacional neoliberal que maneja los hilos del poder desde 1990 directa o indirectamente gracias a los poderes fácticos. Por lo mismo, la predicción más probable es que sigamos operando en condiciones de baja gobernabilidad y alta incertidumbre.
La solución, ciertamente es compleja y de mediano plazo, pero al menos acordemos que pasa por reformas para generar lo que Oscar Ozlak llama “estadidad”. Es decir, capacidades operativas del sector público frente a todos los agentes económicos y sectores sociales como para sostener un pacto social donde unos obedecen la ley y contribuyen con sus impuestos, mientras el Estado genera condiciones de seguridad y desarrollo para la colectividad. Todos los tipos de empresarios (formales, informales y delictivos), aunque no coordinen, son responsables de este resultado al haber instrumentado el Estado e impedido que se desarrolle. Solo una clase política alternativa no comprometida con estos variados intereses puede enfrentar este grave problema.
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